Edificio central de la Udelar. Foto s/d de autor.
Una resolución del Consejo Directivo Central (CDC) de la Universidad de la República (Udelar) muy discutida y una ley nacional que parece tener múltiples interpretaciones para su aplicación. La Udelar deberá definir si mantiene o elimina las restricciones de ingreso de extranjeros.
Como el resto de los países sudamericanos, Uruguay ha tenido leyes migratorias muy restrictivas, pero a partir de la entrada en vigencia de la Ley Nº 18.250, de Migración, la situación cambió. En su artículo octavo la ley le garantiza a los migrantes, entre otras cosas, el mismo derecho a la educación del que gozan los uruguayos.
El ingreso de los extranjeros a la Udelar se fundamenta en la resolución Nº 14 del CDC del 16 de febrero de 1987, que dispone que solo pueden ingresar aquellos que hayan revalidado en Uruguay los estudios secundarios aprobados en otro país y que cumplan, además, con determinados requisitos que la resolución expresa, entre los que figura tener una residencia de al menos tres años. Los hijos de diplomáticos nacidos en el exterior o en Uruguay, los perseguidos políticos y los que suscribieron algún convenio quedan exceptuados de cumplir con esos requisitos.
La Comisión Sectorial de Enseñanza (CSE), apoyada por la Dirección General Jurídica y el Consejo Delegado Académico -ambos órganos centrales de la Udelar- propuso la derogación de la resolución del CDC por contradecir a la Ley de Migración, que fue aprobada a fines de 2007.
El diario El País publicó, el 18 de junio, que el decano de la Facultad de Odontología, Raúl Riva, se opone a quitar las restricciones exigidas hasta ahora por la Udelar. En diálogo con SdR, Riva confirmó que se manifestó en contra de la propuesta de derogación, por entender que “debería contar con asesoramiento de expertos en migraciones y no únicamente con asesoramiento jurídico”. Riva catalogó esa postura, que se fundamentó en la resolución 45, del 24 de mayo de 2018 del Consejo de Odontología, como “pensada, responsable y crítica”.
“Nuestra posición es en defensa del migrante”, aseguró Riva. La Facultad de Odontología parecería estar de acuerdo con el espíritu de la ley pero entiende al migrante como aquella persona “que vino con intención de radicarse en el país y trabajar por él”, apuntó el decano, que recordó que “el artículo 3 de la Ley 18.250 define al migrante como persona que ingresa con ánimo de residir y establecerse”. “Tener la reválida, tramitar la cédula uruguaya e ingresar a la Udelar no es convicción de que es una persona viene con la decisión de radicarse”, concluyó.
Según Riva, la Ley 18.250 responde a “políticas globales” del gobierno que no están acompañadas de “políticas focales que enfrenten estas situaciones”. Hay preocupación por los costos financieros para la enseñanza, la infraestructura edilicia y el equipamiento. “No podemos ‘colgar’ los materiales didácticos, somos una Facultad que hace asistencia”, dijo, y agregó que la institución puede desestabilizarse “si sucede, como sucedió en Argentina, que luego de su ley de migración, en una Universidad de la Salud se inscribieron 1.500 brasileros de un día para el otro”.
Otra de las preocupaciones, también incluida en la resolución, es “volver a la situación que vivió la Udelar previo a 1986, la que llevó a establecer la normativa que se pretende derogar”. En esa época aumentaron los ingresos “tratando de evadir los altos costos” de las universidades en el resto del mundo. “La Universidad pública en Chile cuesta unos 800 dólares y la privada unos 1.500”, expresó. De concretarse la derogación “vamos a tener nuevamente un flujo elevado. No quiero hacer futurología pero es una experiencia previa vivida por la Udelar”, comentó.
En lugar de la derogación, la Facultad de Odontología propone reducir el mínimo exigido de tres años de residencia a uno, “de manera que haya elementos objetivos que confirmen que es un migrante”, dijo Riva. Acotó que a los extranjeros que se radiquen con todo el núcleo familiar no los harían esperar porque se entiende que llegaron todos al país para quedarse: “no se vienen todos para después volver, no los haríamos esperar”, expresó. Sin dudarlo, señaló que “si cumple con todos los requisitos de ingreso de cualquier uruguayo podría ingresar”, lo que además entiende incluido en el artículo 8 de la ley.
El decano aseguró que, de derogarse la resolución, estaría obligado a pedir un aumento presupuestal para la construcción de más clínicas y edificios: “la Udelar se lo tendrá que pedir al Estado, que fue quien promulgó la ley sin consultarle”, indicó. Recién en el artículo 49 de la reglamentación se dispone que el ingreso del extranjero será regulado por la Ley Orgánica de la Udelar; por eso, el decano aseguró que no se está “en falta con la ley”.
Perspectiva del área social
Para conocer la postura de los servicios del Área Social y Artística (ASA), SdR consultó a Gladys Ceretta, decana de la Facultad de Información y Comunicación (FIC) y presidenta de la Mesa del ASA, quien afirmó que ese órgano “no incluyó el tema como punto del orden del día”.
Lincoln Bizzozero, presidente de la Comisión de Relaciones Internacionales y Cooperación Regional e Internacional (CRICRI) de la Udelar, aseguró a SdR, que el asunto en la Mesa del ASA aún no se trató por estar trabajando sobre otras cuestiones de mayor urgencia, pero aclaró que “el hecho de que no esté en el orden del día no quiere decir que no se trate en el futuro”.
En el 2018, la FIC inscribió a “36 estudiantes extranjeros”, informó Ceretta, que no pudo especificar en qué requisito se ampararon para ingresar al servicio. Expresó que eso se debe a que “las personas que se instalan en el país, inmediatamente obtienen sus cédulas y cuando vienen a inscribirse, Bedelía no discrimina”; de todos modos, acotó que la población migrante “no es un número muy importante” en la FIC.
En cuanto a la postura de Odontología, Ceretta dijo que “los contextos de las áreas son distintos. Es respetable y puedo entender los fundamentos que manejan”. Agregó que “en el caso de Odontología se necesita una práctica muy fuerte” que requiere del uso de equipos y de determinados espacios, a lo que se suma el hecho de que esa facultad “ya tiene un problema con la sobrepoblación”.
“El planteo del Área de la Salud es prudente”, afirmó Bizzozero, que añadió que la masividad no es el único aspecto a tener en cuenta. Consideró inviable restringir el acceso en los servicios del ASA y aclaró: “Hay diferencias importantes entre las áreas en materia de inversión, del conocimiento y en perspectivas laborales” porque el “costo educativo” de un estudiante universitario del ASA es más bajo que el de uno del Área de la Salud.
Facundo Gianero
El Centro de Información Universitaria (CIU) de la Udelar recibe permanentemente consultas de extranjeros que quieren ingresar a diferentes carreras. Reneé Polla, coordinadora del CIU, informó a SdR que 33% de todas las consultas que han recibido en 2017 son de extranjeros. De esa proporción, 71% son sudamericanos, 11% son del resto del mundo y se desconoce la procedencia de 14% -“envían la consulta por correo y no aclaran su origen”, dijo Polla-. Entre los sudamericanos, tienen mayor incidencia los venezolanos –sus consultas representan 35%- y le siguen los brasileños, con 25%.
A su vez, de todas las consultas recibidas por el CIU –de aspirantes nacionales y extranjeros-, 55% pregunta por el ASA, 32% por el Área de la Salud y 13% por el Área de Tecnologías y Ciencias de la Naturaleza.
