Vecinos manifestándose en contra de la enajenación de terrenos para terminal de Buquebús en Dique Mauá
“Buquebús necesita más el proyecto de lo que lo necesita la ciudad. No se entiende por qué tanta tenacidad del gobierno”, dijo a SdR el referente del colectivo de vecinos Por la Rambla Sur, Ariel Collazo. En primer lugar, esta iniciativa es impulsada por un “interés comercial”, sostuvo. Se busca instalar un shopping y una zona de entretenimiento, que incluye un hotel cinco estrellas, utilizando la construcción del puerto como “una excusa”, aseguró. Además explicó que de concretarse, tendría “un impacto inmobiliario y social muy grande” que, seguramente, implicaría el desplazamiento de los vecinos. Pero también otras preocupaciones ponen en alerta a este colectivo, por ejemplo, que se esté “permutando la franja costera por un puerto y una escollera para caminar”. Se teme que sea el comienzo de una ocupación del lecho marítimo por parte de privados.
El proyecto de ley señala que la idea presentada por Buquebús fue analizada técnicamente por el Área de Servicios Jurídicos, la Dirección Nacional de Topografía, un equipo de arquitectos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la Administración Nacional de Puertos y la Intendencia de Montevideo, organismos que emitieron “informes favorables respecto de la referida iniciativa”. SdR intentó comunicarse sin éxito con distintos legislativos oficialistas y de la oposición.
En una carta presentada a los poderes Ejecutivo y Legislativo, a autoridades departamentales y municipales de Montevideo, a la Institución Nacional de Derechos Humanos, a la Defensoría de Vecinas y Vecinos de Montevideo, a la Universidad de la República y al PIT CNT, el colectivo manifestó su descontento con el proyecto “que preocupa hondamente por su naturaleza y sus condiciones”. Se remarcó que se trata de la venta de bienes públicos, de uso ciudadano y con carácter patrimonial, en beneficio de un emprendimiento privado, lo que afecta derechos culturales vinculados a la conservación, el acceso y el disfrute del patrimonio.
Según se expresó en la misiva, no hubo ninguna consulta a los ciudadanos sobre su interés público ni “se facilitan estudios especializados en torno de las múltiples consecuencias de localizar allí tales instalaciones”. Además, se consideró que “sin la debida consulta pública” se quiere entregar un espacio para el que hay “muy considerables expectativas de los ciudadanos desde que fue recuperado de manos privadas y propuesto para un destino público y cultural por el Ministerio de Educación y Cultura”.
Para finalizar, el colectivo reclamó instancias de diálogo con las autoridades “para que informen debidamente acerca de las razones y condiciones de este proyecto” y para que se consideren las posiciones de la ciudadanía. Reclamaron “un proceso de deliberación democrática, necesario para definir la realización o no de proyectos de estas dimensiones” y pidieron el aplazamiento del tratamiento de este proyecto en la Cámara de Representantes.
Por su parte, el referente del colectivo de vecinos, Ramiro Rodríguez, dijo que “la costa de la Rambla Sur es la única que comprende a barrios policlasistas, entonces es muy importante y constitutiva de nuestra identidad”. “El interés no está en cambiar el paseo público por un shopping, eso es un paradigma de consumo y estamos en contra”, expresó. A Rodríguez le resulta extraño que “el Ejecutivo apañe un proyecto que viene considerado como interés nacional pero que saltea un montón de etapas, hace un camino directo y llega al Parlamento con mucha presión”.
En la primera asamblea en la que se reunió el colectivo Por la Rambla Sur, el 10 de agosto, se expuso un borrador de una carta redactada por parte de los referentes de los vecinos, asesorados por profesionales correspondientes al ámbito académico y legal. El fin de la misiva es poder presentarla ante las autoridades competentes, principalmente a la Intendencia de Montevideo y al Poder Ejecutivo, para alegar el porqué de su oposición al proyecto.
Los vecinos tuvieron su espacio individual para dar su opinión y proponer ideas nuevas. Además, Mariano Arana dijo estar emocionado con las declaraciones hechas, y planteó que existen “imposiciones por parte del gobierno” a pesar de estar en “democracia”; es “intolerable que exista el secretismo de Estado en estos tiempos”, agregó. “Si aceptamos esto, abrimos el campo para más concesiones”, lo que representa un peligro que impacta en la comunidad e invade toda la rambla. No solo presenta un impacto ambiental sino también cultural y de movilidad. “Los uruguayos no estamos de acuerdo”, finalizó.
Con la designación de grupos de trabajo para la difusión, comunicación, realización de planes alternativos y contacto directo con las autoridades, finalizó el encuentro.
Voz académica
Para el arquitecto y profesor titular del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, Jorge Nudelman, el caso del Dique Mauá se parece al corredor Garzón y al rascacielos de Boulevard Artigas y Ponce. “Lo que aparentemente está sucediendo es que estos proyectos que parecen polémicos no están siendo publicitados. Hay cierta ingenuidad porque hay grandes inversiones”, denunció.
Según Nudelman, “cuando se hizo la Rambla Sur, tuvo un impacto enorme en la costa porque se cambió la dinámica marítima y, es muy probable, que si se hace un puerto vuelva a cambiar”. No se tiene conciencia del “impacto social que puede sufrir Barrio Sur y Palermo” porque son zonas que tienen poblaciones estables, afirmó. Estos espacios, además, vienen siendo atacados “prácticamente desde la época de la dictadura militar, lo que no sucede en la Ciudad Vieja porque vive poca gente”, aseguró. Existe el peligro de gentrificación, “de apropiación del suelo por parte de gente pudiente y expulsión de los nativos a la periferia. Los sectores menos agraciados”, aclaró. Y “que va a generar muchos puestos de trabajo es un argumento bastante vago, porque con esa postura construyamos una planta nuclear. Podemos construir monstruosidades y darle trabajo a todos, pero eso no puede justificar cualquier cosa”, sostuvo Nudelman.
La arquitecta y también profesora del Instituto de Historia de la Facultad de Arquitectura, Laura Alemán, se expresó en consonancia con Nudelman. “Estamos hablando de la terminal portuaria pero el problema es que viene en un paquete cerrado, que no se puede discutir una cosa sin la otra”, señaló. La propuesta de la terminal y el centro comercial, más el hotel cinco estrellas y el estacionamiento, son “programas que nadie discutió, no se sabe si son buenos para el lugar, si la gente los quiere”, dijo. “Me parece muy poco creativo y mediocre”, y reflexionó: “Se podrían hacer miles de proyectos”.
Ambos coincidieron en que existe una imposición y llama la atención que el gobierno no lo haya discutido porque “viola normas, planes y la ley de ordenamiento territorial”. Nudelman explicó que el concepto de “espacio público es mentira”, y añadió: “Con gorro y determinado tipo de ropa, no entrás”.
Los integrantes del Instituto de Urbanismo tienen pensado hablar con el decano de la Facultad de Arquitectura, Marcelo Danza, para armar un grupo de estudio y trabajo para aportar alternativas funcionales, “pero sería un trabajo de más largo aliento”, aseguró Alemán, que realizarían docentes de urbanismo, historia, construcción, diseño y proyectos, una vez que se frene la concesión de los predios.
Desde el Consejo de la Facultad de Arquitectura se manifestó preocupación a través de un comunicado. El mismo aclara que la rambla de Montevideo es un patrimonio público y libre de todos los uruguayos, tan importante que el país tiene la iniciativa de incluirlo como patrimonio mundial de la UNESCO. También se indicó que una intervención en este lugar debe tener la mayor consideración valorativa. La institución educativa se puso a disposición para contribuir con la toma de una decisión al respecto con ayuda de sus profesionales.
Guillermo Corbo
