Cabildo Abierto busca modificar el régimen de prisión domiciliaria para mayores de 65 años. Se justifica “en el principio de humanidad o trato humanitario en la ejecución penal ante la situación de superpoblación del sistema carcelario, al cual se adiciona el agravamiento generado por la emergencia sanitaria que vive nuestro país a partir de la pandemia registrada a partir del día 13 de marzo del año 2020”, según indica el primer inciso de la exposición de motivos del proyecto de ley presentado en agosto del año pasado.
El proyecto de ley tiene un artículo único que realiza un agregado al Código del Proceso Penal (CPP) que “impondrá de oficio y sin más trámites ni procedimientos ulteriores la prisión domiciliaria de imputados y penados aún con condena ejecutoriada, mayores de sesenta y cinco años”. En el mismo artículo se establece la excepción para condenados por algunos de los siguientes tres delitos: violación, homicidio agravado (para ambos delitos establece la salvedad en casos “en que haya transcurrido desde los hechos, un plazo equivalente a los dos tercios de la pena máxima establecida para este delito”), y la tercera excepción son los crímenes y delitos (de lesa humanidad) estipulados en la ley n°18.026 y cometidos luego de aprobada esta ley, es decir, el año 2006.
La vereda de enfrente
Esta última excepción habilita al beneficio de la prisión domiciliaria a los condenados por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico-militar, lo que generó el rechazo de numerosas organizaciones vinculadas a derechos humanos, también del Frente Amplio (FA) y de Juan Miguel Petit, el comisionado parlamentario.
En la declaración realizada por el FA el año pasado consideran a este proyecto como un “nuevo intento de generar marcos legales con la intención de reinstaurar la impunidad”, y denuncian una “operación” que busca “rescribir la historia sobre la base de la ‘teoría de los dos demonios’”. A su vez, reconocen y destacan el trabajo que está desarrollando la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Por su parte, Petit expresó en rueda de prensa en su momento que “no se puede establecer un régimen de prisión domiciliaria automática para un determinado grupo de población. Eso tiene que ser resuelto caso a caso”, y destacó que la normativa actual ya prevé la posibilidad de otros regímenes para quienes “la presencia en la cárcel sea contradictoria con la dignidad humana”.
En una reunión mantenida entre dirigentes de Cabildo Abierto (CA) y el Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt el pasado mes, la Central de trabajadores reiteró su rechazó a este proyecto de ley. El Pit-Cnt fue una de las organizaciones sociales convocantes, junto a Crysol y Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, de la movilización realizada en diciembre de 2021 en contra de este proyecto. En esa ocasión miles de personas se movilizaron desde Plaza Cagancha por Av. Libertador hacia el Palacio Legislativo.
Relatores de la ONU rechazan la propuesta
Guillermo Domenech, senador cabildante y uno de los firmantes de este proyecto, habló al respecto en su audición radial a fines del año pasado. En esa ocasión el legislador expresó que la Comisión de Constitución y Legislación se planteó recibir a una serie de actores y organizaciones sociales que “a nuestro juicio no agregan ninguna opinión relevante en la materia”, y aseguró haber expresado su rechazo en la propia Comisión. Domenech afirmó que “en nuestro país los delitos de lesa humanidad no se refieren a hechos de la dictadura, sino que se refieren a hechos posteriores porque Uruguay ratifica la convención correspondiente, luego de restaurada la democracia y por tanto no puede ser aplicada retroactivamente”. Finalmente, el senador aseguró que este proyecto “iba a hacer justicia, en el sentido de ajustar nuestra legislación a los convenios internacionales”.
Si bien el texto se justifica en la situación sanitaria provocada por el COVID-19 y los senadores firmantes expresaron públicamente estar siguiendo las recomendaciones internacionales al respecto, relatores especiales de la ONU hicieron llegar al canciller uruguayo, Francisco Bustillo, una carta manifestando el rechazo a este proyecto.
En la comunicación expresan que las medidas tomadas en el marco de la pandemia “deben ser compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos y no promover la impunidad de derecho o de facto”. En la carta también hacen referencia a la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que en su artículo 18 establece: “los autores o presuntos autores de actos de desaparición forzada no se beneficiarán de ninguna ley de amnistía especial u otras medidas análogas que tengan por efecto exonerarlos de cualquier procedimiento o sanción penal”.
Cancillería elaboró, a pedido de la Comisión de Constitución del Senado, un informe sobre las implicancias de este proyecto en el marco del derecho internacional. El análisis realizado por el director de Asuntos de Derecho Internacional, Marcos Dotta, advierte “razonable prever que en los ámbitos internacionales la eventual aprobación de este texto sea considerada contraria a los estándares correspondientes”. En el informe se da cuenta de los diferentes estándares de derechos humanos a nivel mundial, retoma lo expresado por los relatores especiales de la ONU y recuerda que Uruguay ya fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en dos ocasiones por casos vinculados al pasado reciente.
Blancos negocian su apoyo
La senadora del Partido Nacional (PN), Graciela Bianchi, sostuvo a El País que se están haciendo algunas modificaciones al artículo, entre ellas elevar a 70 años la edad de las personas que accederían a este régimen. También se dejaría explicito en el texto que quedan por fuera del cambio todos los procesados por crímenes de lesa humanidad. Bianchi aseguró que ya estaban incluidos; “son temas técnicos y hay que aclarar un poco más”, explicó.
Jorge Ganidini, también senador nacionalista, expresó días antes en diálogo con Caras y Caretas que no apoya este proyecto de ley -“veremos cuáles van a ser los puntos de encuentro que se quieren proponer”- y aseguró que el PN aún no había comenzado el debate interno. Por su parte, el presidente del Directorio del PN, Pablo Iturralde, al ser consultado por Radio Universal declaró que “no se debe darle un trato diferente a los militares”. Al ser consultados sobre las negociaciones, el PN y CA se negaron a dar declaraciones a Sala de Redacción.
