En medio de la pandemia y respetando algunos puntos del protocolo sanitario, la Cámara de Senadores aprobó este miércoles la Ley de Urgente Consideración (LUC). La sesión comenzó sobre las 9:30 y se extendió durante dos horas. Transcurrió con diplomacia parlamentaria pero con algunas rispideces producto del reclamo de la oposición por la manera en la que se ingresó el proyecto al Parlamento -hace poco más de dos meses- y por la velocidad con que debió tratarse.
La sesión contó con las intervenciones de varios legisladores del Partido Nacional (PN), que defendieron los cambios que la Cámara de Diputados le había introducido al proyecto, y de senadores del Frente Amplio (FA), que argumentaron en contra y no acompañaron las modificaciones. El proyecto se aprobó con el voto de 17 de los 28 senadores presentes.
Gustavo Penadés (PN) fue quien llevó adelante el informe sobre los cambios realizados en Diputados; en total, 52 los artículos que sufrieron algún tipo de modificación. “La sesión de hoy fue más trámite que otra cosa“, expresó luego de la votación en diálogo con Sala de Redacción el senador Eduardo Bonomi, senador frentista y ex ministro del Interior, que se abstuvo de intervenir en la sesión. “No se podía abrir el paquete, sólo se votaba a favor o en contra del conjunto de los cambios propuestos. Nosotros votamos en contra”, concluyó.
Durante la sesión Charles Carrera, senador del FA, reconoció que durante el tratamiento parlamentario algunas de las modificaciones “mejoran” la redacción original pero valoró que, de todos modos,“no conforman”. Reprobó, además, que el texto no incluya “ninguna mención a la problemática que sufre nuestra población; el proyecto está desfasado de la realidad en que vivimos”, opinó.
Principales discrepancias
Carrera hizo énfasis en el capítulo de seguridad: “se apuesta a implementar el uso irracional de la fuerza”, afirmó. Señaló que el artículo 28 -que habilita a aplicarles a adolescentes el proceso abreviado, reservado hasta ahora por el Código del Proceso Penal para adultos- es duramente criticado por representantes de organizaciones sociales y organismos internacionales como el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). “El proceso abreviado tiene una lógica propia para los adultos, quienes comprenden la naturaleza de sus actos y pueden negociar una pena; no sucede lo mismo con los adolescentes. Es un abuso del Estado que se le aplique a ellos”, sostuvo.
En la misma línea, su correligionaria Amanda Della Ventura habló del artículo 111 vinculado a la tenencia y porte de armas del personal militar en situación de retiro y señaló que “no es la función del militar actuar hacia la sociedad civil ante delitos, se lo formó para situaciones de conflicto bélico”.
“La historia juzgará a quienes enviaron y votaron los artículos más dolorosos de la LUC”, dijo Della Ventura. “Siempre van a encontrar a la bancada del Frente Amplio arremángandose y trabajando”, acotó Mario Bergara. Las frases de ambos senadores resonaron en la Cámara y, a su vez, calentaron el ambiente junto con alguna chicana como la que utilizó Bergara al comparar a la bancada colorada con la “Barra Amsterdam”, ya que debatían entre ellos durante la exposición del legislador frenteamplista.
En diálogo con Sala de Redacción, Della Ventura a dijo que el debate sobre la LUC se “cerró con los mismos aspectos negativos y preocupantes que tuvo durante todo su tratamiento”.
En cambio, la senadora oficialista Graciela Bianchi, aseguró que se tuvo el tiempo necesario para discutir la ley y señaló que “fue un placer” la negociación entre oficialismo y oposición.
Otro de los senadores del Partido Nacional, Sergio Botana, señaló que “la LUC le da al gobierno herramientas para mejorar el estado de la seguridad, respaldar a la Policía, reorientar la educación, elevar la transparencia de la gestión pública, establecer caminos para mejorar la competitividad de nuestra economía y liberar al ciudadano de la esclavitud bancaria”.
José Carlos Mahía, senador del FA, quien también expuso su negativa ante la aprobación de la LUC durante la sesión ordinaria en el Senado, dijo a Sala de Redacción que esta ley no trata las urgencias del país: “No tiene referencias en cuanto a lo sanitario, al trabajo y a la vulnerabilidad social. Tiene una concepción conservadora, retrógrada y limitante de libertades”, lamentó.
En la sección de seguridad pública se modificaron 14 artículos. Entre ellos que destaca el artículo 11, “Agravio a la autoridad policial” en el que se aclara que “no serán castigados el ejercicio de la libertad de prensa ni la mera protesta ante la acción policial”. El artículo 28, que extiende el proceso abreviado para adolescentes que infrinjan la ley penal, se trató de dar un marco mayor pero mantiene su aplicación a menores de 18. El artículo artículo 31, que reforma el régimen de libertad a prueba, excluye de ese beneficio a quienes hayan cometido una violación o abuso sexual especialmente agravado, que no habían sido incluidos inicialmente por el Senado, y también excluye a adolescentes que hayan cometido “infracciones gravísimas” y delitos de abuso sexual especialmente agravados.
Otro cambio importante fue que la Cámara de Diputados eliminó los artículos 474 y 475, que en la redacción dada por el Poder Ejecutivo y por la Cámara de Senadores, buscaban modificar la incorporación al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
