El doctor en Ciencia Política y docente de la Facultad de Ciencias Social, Antonio Cardarello dialogó con Sala de Redacción sobre el proyecto de ley que regula el ingreso a la función pública en los gobiernos departamentales. La iniciativa incluye dos artículos clave: el primero establece que los ascensos en las intendencias deben realizarse por concurso público y se admite el sorteo solo si es justificado por el jerarca departamental. El segundo artículo prohíbe la designación de nuevos funcionarios dentro de los 12 meses previos al fin del período de gobierno.

El proyecto ya fue aprobado por la Cámara de Diputados con mayoría especial y aguarda su turno en el Senado. Cardarello señaló que la práctica de la contratación de funcionarios en los meses previos a las elecciones departamentales es una de las más cuestionadas en la actualidad y agregó que “es algo que se arrastra en sistema político uruguayo, es una característica que lo determina aunque en la década del 50 y del 60 era una práctica muy denunciada”.

El ingreso de funcionarios sin concursos públicos ni procesos transparentes es  una práctica persistente en varias intendencias, independientemente del partido gobernante, y alimentó en todo el país el clientelismo político. Además genera críticas tanto desde la sociedad civil como de sectores políticos que reclaman igualdad de oportunidades y una mayor profesionalización en la función pública.

Históricamente se denuncia que muchas intendencias han incrementado su plantilla de personal en el último año de gestión, en lo que suele interpretarse como una estrategia para asegurar apoyos políticos o condicionar la gestión del siguiente gobierno. Cardarello recordó que “se ha observado lo que pasó en Artigas con [Pablo] Caram, pero no fue el único, y los datos que hay de la Oficina Nacional de Servicio Civil aportan que la mayoría de los ingresos por designación directa en el Estado se dan justamente a través de los gobiernos departamentales y en particular en algunas intendencias”.

El proyecto de ley está firmado por legisladores del Frente Amplio (FA), el Partido Colorado y Cabildo Abierto y cuenta con el apoyo del Partido Independiente e Identidad Soberana. Esto generó que el Partido Nacional quedara en solitario frente a la postura mayoritaria del arco parlamentario. Los nacionalistas entienden que esta decisión vulnera la autonomía de los gobiernos departamentales, sin embargo, durante la votación en la Cámara de Representantes, acompañaron la aprobación del proyecto en general, con cuestionamientos particulares a algunos aspectos.

En diálogo con Sala de Redacción, el senador Sergio Botana calificó la iniciativa como una intromisión al Estado central y expresó su rechazo al proyecto. “Los blancos no estamos de acuerdo porque los funcionarios de un departamento los debe administrar el departamento. La Constitución de la República está por encima de la ley, prevé en los estatutos de los funcionarios de los 19 departamentos el concurso y el sorteo como modo de ingreso. También prevén las excepciones y las solución de los problemas que no son previsibles en la ley”.

Consultado sobre este aspecto referido a la autonomía departamental en los ingresos de funcionarios, Cardarello señaló que el objetivo tanto de los gobiernos departamentales como del gobierno nacional es contar con un sistema unificado en todo el país. Existen casos que, aunque limitan la autonomía de los departamentos, igualmente cuentan con el respaldo de los propios gobiernos departamentales y de los partidos políticos. 

Los legisladores nacionalistas venían postergando la consideración del proyecto y objetaron sin éxito algunos detalles del trámite parlamentario. Por ejemplo, mencionaron que no se pidió la opinión del Congreso de Intendentes ni del Congreso Nacional de Ediles. Botana expresó a Sala de Redacción que es fundamental que el Congreso de Intendentes, el Congreso Nacional de Ediles y los trabajadores municipales expresen su opinión: “no se puede hacer un proyecto inconstitucional, con malas consecuencias y a escondidas”. 

Del otro lado, en conferencia de prensa previo al debate parlamentario, el diputado del FA, Mariano Tucci, valoró el acuerdo alcanzado entre cinco partidos para transparentar el ingreso a los gobiernos departamentales. En el mismo sentido la diputada colorada Paula de Armas explicó que se trata de que “todos tengan el mismo derecho” a acceder a cargos en las intendencias.

Cardarello aseguró que “es un buen punto de partida” pero adelantó que hay que hacer “otras reformas” en la administración central: “reformas para democratizar más los gobiernos departamentales y municipales”. Añadió que hay que “profesionalizar a la clase política, darle a la Junta Departamental mayores capacidades de contralor sobre el ejecutivo departamental, a la vez de profesionalizar y darle mayor autonomía a los gobiernos municipales”.