La propuesta de reforma constitucional necesaria para habilitar los allanamientos nocturnos a hogares fue planteada inicialmente en 2019 cuando el líder nacionalista Jorge Larrañaga, fallecido en 2021, impulsó la iniciativa “Vivir sin miedo”, que incluía esa medida para tratar los problemas de seguridad pública. Sin embargo, aquella reforma no alcanzó la cantidad de votos suficientes para ser implementada. Hoy, luego de cinco años, la propuesta tomó forma en un proyecto de ley elaborado por el senador del Partido Nacional Carlos Camy.
Con el respaldo del 40% de las firmas de los legisladores, el proyecto va a ser plebiscitado en las próximas elecciones de octubre con una papeleta de color amarillo y letras negras. Uno de los firmantes es el senador nacionalista Sergio Botana, quien explicó a Sala de Redacción que en caso de ser aprobados los allanamientos nocturnos, serán realizados por orden del juez, con intervención de la Fiscalía General de la Nación. El allanamiento estará a cargo de un oficial para que los procedimientos sean correctos y con “garantías especiales” para los habitantes de la casa que se allane. Al hablar de “garantías especiales”, el senador del PN detalló que se refería a un “estatuto de protección” que implique “un especial cuidado de lo que allí dentro se hace” y agregó que, para esto, todo el procedimiento será filmado. Finalmente subrayó que “la garantía para el ciudadano es absoluta”.
En contraste, Diego Olivera, coordinador de la unidad temática de Seguridad y Convivencia Ciudadana del Frente Amplio, en diálogo con SdR, dijo no estar seguro de la efectividad de la herramienta, a la que ve como “parte de una narrativa política, que calza bien para el momento de las elecciones”. A su vez manifestó preocupación de que “los impulsores la utilicen como una herramienta política y no con la seriedad y responsabilidad que un tema tan delicado amerita”.
¿Una solución o un riesgo?
Olviera manifestó que el argumento del oficialismo de que los allanamientos nocturnos lograrían “combatir las bocas de venta de droga”, resulta algo “bastante fantasioso”, y que si bien pueden ser necesarios en algún caso, “por sí solos, no solucionan nada”. Según datos oficiales que maneja el coordinador de la unidad temática de seguridad del FA, en Uruguay se allanan aproximadamente mil bocas por año, y no habría información sobre la existencia de alguna boca que “no se haya podido allanar” por la limitación constitucional a los allanamientos nocturnos.
Una de las razones de riesgo que Olivera ve en la propuesta de reforma son las condiciones de los barrios en donde funcionan los grupos de narcotráfico, en donde hay escasa iluminación, calles angostas y viviendas chicas. Estos factores generan “un riesgo importante para los funcionarios policiales”, como también para “la población civil que puede estar cerca”, aseguró.
En cambio, Sergio Botana comentó que, si bien siempre se necesita más tecnología, equipamiento y formación, “de nada sirve, si existe el impedimento legal de reprimir el delito”. Además, sostuvo que le parecía una “vergüenza” que el “Estado pueda renunciar a cumplir sus obligaciones porque el narcotráfico no se lo permite” y señaló que “si la Policía deja avanzar al narcotráfico, después no va a poder con él, ni de noche ni de día”.
Alineado con la visión oficialista, el colorado Diego Sanjurjo, politólogo y coordinador de Estrategias de Seguridad Integrales y Preventivas del Ministerio del Interior, dijo a SdR que los allanamientos nocturnos son “una medida básica de cualquier sistema de justicia penal y de cualquier cuerpo policial del mundo entero”. En referencia a sus riesgos, Sanjurjo manifestó que todo lo que hace la Policía conlleva riesgos y que ese argumento era “insultante” para los efectivos policiales. “Es como decirle a la Policía de Uruguay que no tiene la preparación que tiene la policía paraguaya”, comparó.
Jugada maestra
Con respecto al contexto de campaña política en el que estamos, Sanjurjo manifestó que la actual oposición estaba a favor de los allanamientos nocturnos hasta marzo de 2020 y si ahora “hicieran lo lógico” seguirían estando a favor y no sería “un tema político”, sino que simplemente se votaría y se le daría a la Policía “una herramienta básica para su trabajo”.
En sentido contrario, Olivera sostuvo que los impulsores de la reforma no estaban tan preocupados por la “efectividad” que la herramienta pueda tener, sino por “presentarse ante la opinión pública como partidos políticos que son duros contra el delito”. Dijo entender que, según las encuestas, para una parte importante de la población la reforma sería beneficiosa y que esto implica que “hay mucha angustia en la sociedad uruguaya, debido a la cantidad de homicidios y el avance del narcotráfico”.
