La comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género integrada con Constitución y Legislación de la Cámara de Senadores retomó en abril la discusión del proyecto de ley que busca reformar el Código Civil con el fin de subir de 16 a 18 años la edad mínima para contraer matrimonio. El proyecto, presentado en 2023 por el Frente Amplio (FA), se ampara en recomendaciones de diferentes organizaciones sociales y comités de derechos humanos, que pretenden alinear el marco legal uruguayo con la normativa internacional.
Según las fundamentaciones incluidas en el proyecto de ley, la reglamentación actual aumenta los riesgos de sufrir violencia sexual, los casos de embarazo no deseado e incluso facilita la transmisión intergeneracional de la pobreza. Además, respaldados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Unicef y otros organismos internacionales, sus impulsores afirman que aumenta considerablemente la tendencia a la deserción escolar e influye en la pérdida de autonomía económica.
Actualmente, el Código Civil dictamina que la edad mínima para casarse es de 16 años y el único requisito es el consentimiento firmado de los progenitores; el impedimento abarca la edad de pubertad que va desde los 12 hasta los 15 años. Esto fue establecido con la Ley de Matrimonio Igualitario que se aprobó en 2013. En ese entonces, votaron a favor en la Cámara de Senadores los 16 legisladores del Frente Amplio, cuatro de los cinco del Partido Colorado y tres de diez del Partido Nacional.
El artículo 91 del Código Civil establece los impedimentos para el matrimonio y el nuevo proyecto busca sustituir su inciso 1 por el siguiente: “Ser cualquiera de los contrayentes menor de dieciocho años de edad”. La otra modificación relevante apunta al artículo 106, y añade la necesidad de un “consentimiento expreso” por parte de los padres de quienes sean mayores de 16 años y aún deseen casarse, algo que no es un requisito hoy en día. Esto se apoya en las definiciones recomendadas por la ONU, donde se entiende por matrimonio infantil aquel en el que “uno o ambos cónyuges son menores de 18 años”.
En las dos sesiones de este año, han participado ministros y representantes de organizaciones locales e internacionales. En la reunión del lunes 20 de mayo participó Inés Estape, profesora de Derecho de Familia de la Universidad Católica, quien no encontró grandes diferencias entre la normativa actual y el proyecto del FA. Para la experta, la redacción del artículo del proyecto de ley que suplanta al artículo 106 no tendrá un gran impacto en cuanto a lo pretende el nuevo proyecto. “Con esto se cumple un poco ese mandato de cumplir con el estándar internacional de elevar la edad a 18 años, pero en la práctica, en los hechos, van a poder seguir contrayendo matrimonio las personas que tengan entre 16 y 18 años de edad en los mismos términos que ahora”, consideró ante los legisladores, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.
En diálogo con Sala de Redacción (SdR), la senadora frenteamplista Amanda Della Ventura, una de las impulsoras del proyecto de ley, expresó que si bien no es “un proyecto prioritario” quienes lo presentaron consideran que “el tema debería seguirse profundizando”. En este sentido, agregó que la bancada del FA recibió “un informe del Instituto Interamericano de niños, niñas y adolescentes y nos dejaron algunas sugerencias”.
Consultada por la postura del oficialismo, la senadora frenteamplista declaró que “ellos no están de acuerdo en que organismos internacionales intervengan en las políticas que tenemos que seguir en nuestro país”. Además, agregó que “algunos consideran que la normativa actual es la correcta y que no vale la pena hacer cambios”.
Desde el lado de la coalición, la postura ha sido clara desde el primer momento. La senadora del Partido Nacional Graciela Bianchi fue tajante en su respuesta y en diálogo con SdR afirmó que la propuesta es “un disparate histórico” y “una vergüenza”. Además, afirmó que “vamos para atrás si prohibimos los matrimonios antes de los 18 años”, y que es un proyecto que “no se va a aprobar” ya que “está toda la coalición en línea con eso”.
Bianchi manifestó su malestar porque este tema fuera derivado a la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género. Aseguró que en primera instancia debió pasar por la Comisión de Constitución y Legislación donde no iba a ser aprobado. También acusó el poco interés que nota de parte de los impulsores del proyecto de ley, y aseguró que muy pocos integrantes asistieron a las sesiones, entre ellos la senadora frenteamplista Silvia Nane, una de sus redactoras.
Consultada sobre la intervención de organizaciones del exterior sobre asuntos nacionales, la senadora nacionalista fue contundente: “Los organismos internacionales en lo personal no me interesan. Me parecen vergonzosos algunos planteamientos que han hecho, este principalmente. No presentaron cifras y tampoco se interiorizan en la realidad que vive el país”, apuntó.
Sebastián Griego / Pía Boniatti
