A los centros universitarios de las cárceles ex Comcar, Punta de Rieles, Cárcel de Mujeres y Centro de Rehabilitación de Salto, se sumó en abril uno nuevo en el Penal de Libertad. El año pasado fue la quinta cárcel en incorporarse al convenio firmado en 2020 entre la Universidad de la República y el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR). Las clases comenzaron dictándose en el salón de visitas de la barraca, un espacio m{as abierto que los m{odulos y destinado a personas con buena conducta, pero debido al cruce de horarios entre docentes, la cantidad de estudiantes y que el lugar no estaba pensado para eso, se decidió que era necesario construir un espacio exclusivo de la Universidad que ofreciera mejores condiciones de trabajo y de estudio.
Su inauguración contó con la presencia del ministro del Interior, Nicolás Martinelli, el director del INR, Luis Mendoza, la prorrectora de Enseñanza de la Udelar, Estela Castillo, y el equipo del Programa de Respaldo al Aprendizaje (Progresa) de la Universidad. Según informó el Ministerio del Interior, cuando se firmó el convenio en 2020 había 95 inscriptos, mientras que en 2023 la cifra subió a 166 alumnos. Gabriela Pasturino, coordinadora de Progresa, comentó a Sala de Redacción que el convenio establece que el INR proporcionará la infraestructura necesaria, mientras que la Udelar contribuirá con el material. “Estos centros disponen de computadoras donadas tanto por Ceibal como por estudiantes privados de libertad y sus familias. Además, la universidad garantiza el servicio de Internet y acceso a bibliotecas”, explicó.
Los protagonistas
Maycol Medina y Roberto Sánchez, dos de los 22 estudiantes universitarios del Penal de Libertad, participaron de la inauguración del centro y leyeron una carta en representación de los estudiantes. “Pese al contexto crítico, hemos vivenciado los obstáculos como desafíos a superar, conociendo nuestros alcances y limitaciones, siendo conscientes de que cuando se implementa una política determinada puede presentar avances y retrocesos”, comentaron. Además, consideraron que para que la política sea “efectiva”, se debería implementar una planificación centralizada y “no quede a resorte de cada facultad, adecuar o no la cursada”. También reclamaron por más presencia de docentes en estos espacios y resaltaron la necesidad de “pensar, planificar y financiar un programa integral universitario en cárceles, para dar un salto sustancial hacia la equidad e inclusión educativa”.
Pasturino explicó que “nos inquieta un montón cómo hacemos para que primen las lógicas universitarias en esos centros y que allí se trasciendan los delitos que hayan cometido, los años que les queden de pena o cualquier tipo de diferencia entre ellos, llevarles un poquito de Universidad y un poquito de la normalización de la vida en prisión”. Consultada por la creciente demanda y el apoyo del Estado, Pasturino consideró que las personas privadas de libertad “no solo conquistaron esa presencia de la Universidad, sino que todos los días conquistan que se mantenga, avanzando en sus carreras y demostrando que es posible”.
Son diversas las motivaciones para comenzar una carrera, comentó Pasturino: “Algunos deciden seguir los pasos de algún profesional que conocen, en otros casos tiene que ver con el descuento de penas o simplemente transitar la pena con un tiempo de calidad. Todas esas motivaciones, que en algunos casos son parecidas a las de afuera y en otras no tanto, funcionan como un gancho”, señaló Pasturino. Respecto al apoyo, afirmó que están dadas las condiciones para que estos proyectos se conviertan en una política pública de Estado, si se tiene en cuenta que se iniciaron durante el gobierno anterior.
