La promulgación, hace dos meses, del decreto 224/023 que reglamenta los artículos de la Rendición de Cuentas del ejercicio 2021 (Ley 20.075) que tratan sobre el régimen de licencias y subsidios médicos por enfermedad para los funcionarios públicos, ha sido objeto de polémica por parte de las diferentes organizaciones sindicales que agrupan a los trabajadores del Estado.
Los sindicatos cuestionaron particularmente la modificación del artículo 5 del decreto, que establece un período máximo de nueve días hábiles por año para percibir licencia remunerada por enfermedad o accidente, así como el artículo 10, que dispone limitar el salario de los trabajadores que excedan dicho período máximo al 75% de su valor original, si bien excluye “los beneficios sociales, la antigüedad, las partidas por locomoción, viáticos y horas extras”.
El presidente de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay (AFJU), Pablo Elizalde, confirmó a Sala de Redacción que su sindicato llevó a cabo un proceso de recolección de firmas para interponer un recurso de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Según recogió la diaria a comienzos de agosto, desde AFJU comprenden que la norma aplicaría de forma desigual, no sólo dentro del Poder Judicial, sino también entre los diferentes poderes del Estado.
Así la promulgación del decreto llevó a AFJU a declarar el preconflicto de cara a su implementación, que además acusaron tiene un objetivo recaudatorio. Esto se debe a que este decreto establece que no aplica para algunas categorías de funcionarios, como los magistrados del Poder Judicial, defensores públicos y ciertos funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, funcionarios diplomáticos e integrantes de los diferentes gobiernos departamentales. Igualmente, el decreto no contempla a ningún funcionario del Poder Legislativo.
Según Elizalde, la recolección de firmas se encuentra prácticamente finalizada tanto en el interior del país como en Montevideo. De esta manera, el sindicato maneja la posibilidad de anteponer el recurso de inconstitucionalidad ante la SCJ a fines de setiembre.
“Lo que queremos es, en primer lugar, sacar del ordenamiento jurídico una ley regresiva para los trabajadores judiciales y los trabajadores públicos”, precisó Elizalde, quien expresó la disconformidad de AFJU con el nuevo régimen. El presidente del sindicato acusó al Estado de utilizar las reformas para “abatir un déficit fiscal a costa del salario de los trabajadores”, algo que es “mucho más fácil” que solucionar las problemáticas detrás de los altos niveles de certificaciones médicas.
En su lugar, Elizalde llamó a concentrarse en las razones por las cuales los trabajadores solicitan licencias médicas, particularmente dentro del Poder Judicial (PJ), donde deben de lidiar diariamente con la mediación de conflictos, particularmente dentro de juzgados penales o especializados en violencia doméstica. “Nosotros tenemos más o menos la misma problemática que tiene la policía. Sin embargo, no hay un relevamiento [sobre] en qué condiciones sanitarias están”, acusó el dirigente sindical.
Por ello, Elizalde lamentó que el PJ no intervenga sobre situaciones complejas en las que, según explicó, sólo el sindicato puede atender “muy precariamente lo que está pasando”. Asimismo, detalló que desde AFJU se propuso el establecimiento de una oficina de salud laboral que sea capaz de hacer frente a las diferentes problemáticas, algo que inicialmente “la SCJ consideró no era necesario”, pero luego aprobó.
De todas formas, más allá de los efectos perjudiciales y que “en el peor de los momentos, cuando vos estás enfermo, se te descuente el 25% como una cuestión de castigo”, una de las principales objeciones por parte de AFJU consiste en un presunto alcance desigual del nuevo régimen, por no afectar a jueces y defensores públicos, explicó el dirigente sindical. “Al parecer, sus enfermedades son de más privilegio que las de otros”, lamentó Elizalde.
Por último, señaló que el proceso cuenta con el soporte de la mayoría absoluta de los afiliados y que incluso llevó a otras personas a afiliarse al sindicato. “Creemos que los argumentos que vamos a poner de manifiesto […] nos permitirán conseguir la inconstitucionalidad de la ley”, concluyó.
