El 27 de marzo de 2022 se declaró estado de excepción en El Salvador, mecanismo legal que suspende por 30 días los derechos de libertad de reunión y de defensa de las personas detenidas, la inviolabilidad de las telecomunicaciones, y a su vez, extiende el plazo de detención administrativa por 15 días. Hasta el momento, las fuerzas policiales han detenido aproximadamente a 70.000 personas de forma “arbitraria”, según explicó a Sala de Redacción Martín Prats, abogado de la Institución Nacional de Derechos Humanos. Actualmente la discusión gira en torno a una posible reelección del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, situación que ha generado un gran debate entre quienes defienden su accionar y quienes lo critican.
El origen de las pandillas salvadoreñas se remonta a los años 70 , cuando la Fuerza Armada de El Salvador enfrentó a las Fuerzas Insurgentes del Frente Farabundo Martí, y se produjo una guerra civil que tuvo como causa los múltiples estallidos sociales en el país durante los años anteriores (1979-1992). Esto obligó a miles de civiles emigrar hacia Estados Unidos; uno de los principales puntos de arribo fue California, donde se formaron grupos de semejanza étnica llamados Mara Barrio 18 (MB-18) y Mara Salvatrucha 13 (MS-13) que fueron repatriados, cuando finalizó la guerra, a través de un programa de deportación masiva llevado a cabo por el gobierno norteamericano.
En diálogo con SdR, Daniel Buquet, politólogo uruguayo especializado en el estudio de la democracia en América Latina, explicó que durante la guerra civil comienzan a formarse las pandillas: MB-18 y MS-13. Además, expresó que el caso salvadoreño “quedó por encima de los demás”, en referencia a, por ejemplo, Honduras y Guatemala, debido al alto nivel de control social al que llegaron estas organizaciones delictivas a lo largo de los años.
Los índices de violencia en el país han ido en aumento hasta llegar a 6.600 homicidios en 2015, representando una tasa de 107 muertes violentas cada 100.000 habitantes, según la Base de datos de Estadísticas de homicidios internacionales de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Esta cantidad de muertes convirtió al país centroamericano en el más violento del mundo durante ese año, confirmó la agencia de noticias española Europa Press.
Sin embargo, cuando Nayib Bukele asumió como Presidente de El Salvador, el 1 de junio de 2019, intentó pactar con las pandillas MS-13 y MB-18 en busca de restablecer la paz en la sociedad a cambio de beneficios carcelarios y reducciones de penas para los líderes de las maras. Pero entre el 26 y el 27 de marzo de 2022, las organizaciones criminales asesinaron a 87 personas tras una supuesta traición por parte de las autoridades, por lo que en respuesta a la violenta matanza, el gobierno declaró el estado de excepción con el objetivo de poner fin al poder social que tienen las pandillas.
Esto motivó, entre otras medidas, a crear una mega cárcel para los detenidos bajo el régimen de excepción. Quienes se encuentran dentro del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) son perfilados como altos rangos de las maras. Sobre esto, Prats indicó a SdR que el “tratamiento que se le da a los reclusos en los centros penitenciarios no sigue los compromisos en materia de Derechos Humanos (DD.HH.)”. Por otro lado, agregó que el éxito de esta política de “mano dura” es algo a evaluar, pero lo que se puede afirmar es que “no se respetan los derechos de los salvadoreños”.
Según el abogado, hay vulneración de derechos en tres instancias. Por ejemplo, a través de detenciones arbitrarias donde la persona “no es detenida por infraganti delito o por orden judicial; son detenciones en masa por actitudes sospechosas [acciones en la calle]”. La segunda instancia es cuando una vez consumada la detención “no se dan las garantías de defensa legal adecuadas para que los detenidos puedan demostrar su inocencia”. Por último, aseguró que las condiciones carcelarias vulneran derechos, así como también, “la comunicación con familiares”, ya que quienes ingresan al CECOT pueden estar hasta 15 días sin comunicación con el exterior.
El centro de la polémica que causó mayor cuestionamiento de parte de la oposición política, comandada por la Alianza Republicana Nacionalista y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, es si los esfuerzos para eliminar la criminalidad que plantea el gobierno prestan una solución al problema de las maras y funcionan a largo plazo. Aunque el politólogo Buquet admitió a SdR ser “incapaz de dar una respuesta” sobre el debate propuesto por estos partidos políticos, aseguró que las soluciones efectivas como “el desarrollo económico y social que sucedió en Europa”, son medidas “de muy largo plazo”.
En cambio, Prats aseguró que las políticas de mano dura que se están dando “no demuestran que bajen a largo plazo esos niveles de delincuencia”, y agregó que este tipo de medidas pueden incitar a que en un futuro se produzca otros tipos de violencia, “a veces visibles y a veces más solapadas”. Por lo tanto, la solución que observa como viable es que se lleven adelante “políticas sociales, económicas, de educación y de convivencia ciudadana”.
¿Dictadura o democracia?
El Salvador “camina a paso firme hacia convertirse en una dictadura plena”, aseguró Oscar Martínez, actual jefe de redacción del periódico digital El Faro, cuando recibió el Premio a la Libertad de Expresión de Deutsche Welle en 2023. Además, explicó que el mandato de ese país “es en esencia un régimen autoritario”, en el que se ha perseguido a la prensa “creando leyes mordaza [Ley de proscripción de pandillas criminales] que pueden meter preso hasta por 30 años a un periodista”.
Prats dijo a SdR que lo que sucede en El Salvador “no se puede equiparar” a las dictaduras que tuvieron lugar en América Latina en la segunda mitad del siglo XX, donde hubo “quiebres en la constitucionalidad por parte de militares”. Sin embargo, entiende que regímenes como el salvadorense “buscan a través de herramientas constitucionales, perpetuarse en el poder”.
Sobre esto, Buquet además de coincidir con Prats, alegó que en gobiernos como el de este país centroamericano, el presidente llega al poder “a través de elecciones democráticas”, pero una vez que son electos, en referencia a Bukele y a otros presidentes de la región, “empiezan a socavar garantías ciudadanas y de derecho constitucional”. Esto lo hacen apoyados en “mayorías electorales circunstanciales” que utilizan como excusa para “desarrollar políticas autoritarias”, concluyó Buquet.
A nivel internacional, la situación social del país generó polémica, sobre todo luego de que el gobernante anunciara su candidatura para la reelección presidencial de 2024 a pesar de que algunos artículos de la Constitución de la República de El Salvador prohíben a un jerarca postularse en instancias electorales consecutivas. Sin embargo, esto es posible debido a la habilitación que el 3 de septiembre de 2021 realizaron los magistrados de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, luego de que la Asamblea Legislativa Salvadoreña resolviera destituir a cinco jueces que estaban presentes en la misma Sala.
Acerca del impacto que conlleva esto en la política local, Prats opinó que la ideología que está al mando “forma parte de una corriente política que se está dando en el mundo”, donde gobiernos con posturas similares “buscan a través de una figura presidencialista, mantenerse en el poder bajo ciertas normativas constitucionales”. En el mismo sentido, Buquet cree que “se va a lograr la reelección”, debido a que la oposición “está muy castigada” y la opinión pública “lo apoya en gran mayoría en las encuestas”.
A modo de ejemplo, el sondeo realizado por el periódico La Prensa Gráfica en marzo de 2023 arrojó como resultado 91% de aprobación local hacia el trabajo de Nayib Bukele y 70% de apoyo hacia su posible reelección. Mientras tanto, el muestreo de mayo de este año realizado por el Centro de Investigaciones, Estudios Sociales y Económicos de Centro América mostró que nueve de cada diez personas apoyan el mandato de Bukele.
En cuanto a la idea de ‘democracia’, el abogado Prats argumentó que no se basa sólo en que “haya elecciones cada tanto y se reparta el voto popular”, sino que durante el transcurso de la administración, “se debe gobernar democráticamente, respetando reglas implícitas como los derechos humanos”. Este punto ha sido clave en las discusiones de la oposición salvadoreña, junto a la interrogante de si la estrategia correccional ofrece una rehabilitación a los presos o no.
Desde el punto de vista del politólogo Buquet, si existe algún tipo de rehabilitación es “a través del sufrimiento”, método que según opina “no funciona”. Debido a que en algún momento “las personas que están presas van a salir”, y para evitar una reincidencia en el delito, “se debe comenzar un proceso en el cual la delincuencia no se vuelva sustentable”.
Consultado sobre cuál debería ser la posición de Uruguay respecto a la situación sociopolítica de El Salvador, Prats explicó a SdR que es partidario “del principio de no intervención en asuntos extranjeros”. Sin embargo, manifestó que existen ciertos organismos internacionales [por ejemplo el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas] que “han sido legitimados por otros Estados para recibir denuncias y fomentar algún tipo de sanción a los Estados que se apartan de los derechos humanos”.
La mega cárcel
Con el fin de luchar contra la criminalidad, Bukele decidió construir el CECOT, recinto ubicado en una zona rural que se encuentra a unos 74 km de San Salvador, capital del país. Su capacidad es de 40.000 personas distribuidas en 256 celdas compartidas, aunque actualmente el número de detenidos superó los 70.000, por lo tanto, hay superpoblación y hacinamiento.
Si bien es una incógnita lo que pasa dentro del CECOT debido al secretismo por parte de las autoridades, es de índole pública que en cada celda caben 156 presos, disponiendo de dos baños sin privacidad y un suministro de agua limitado. Según el portal de noticias BBC Mundo, fuentes oficiales del gobierno informaron que cada recluso dispone de 2,5 metros cuadrados, aunque el mismo portal analizó los planos de la cárcel y concluyó que el espacio disponible “es de 0,58 metros cuadrados por persona”.
Además, el centro de detención no cuenta con espacio de recreación, medida que ha sido cuestionada por organismos de DD.HH., como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. A su vez, las celdas de castigo poseen solo una cama de cemento, un retrete y una pileta de agua pequeña. La cárcel, construida en apenas siete meses, cuenta con cercos electrificados y puntos de control para los guardias, con el propósito de evitar que las personas privadas de libertad se escapen.
El diario argentino Infobae publicó que cada familia debe pagar mensualmente el “paquete alimenticio” para que el detenido pueda mantenerse. La suma comprende 35 dólares por alimentos, 15 por artículos de higiene, 30 por artículos de vestir, 20 por limpieza y 70 por complementos. La suma total es de 170 dólares, aunque existen tiendas dentro de la prisión donde los reclusos pueden comprar cosas complementarias a precio mayor.
En una entrevista con BBC Mundo, el periodista salvadoreño Marvin Romero, quien se contactó con familiares de los detenidos, contó que cuando muere un interno “únicamente se entrega el cuerpo” a las familias, quienes se enteran de lo acontecido en ese momento. Además, explicó que los fallecidos presentan “signos de tortura y golpes que no terminan de ser explicados por las autoridades”.
Finalmente, Romero expuso que en términos poblacionales “definitivamente hay un alivio”, en el sentido de que ya no se percibe “la inseguridad que primaba” en el país hace algunos años. Por ejemplo, dijo que “se ha roto” el hecho de no poder entrar a ciertas comunidades de la capital por estar secuestradas históricamente por las pandillas, por lo que se percibe mayor paz.
