El proyecto de ley de corresponsabilidad en la crianza, más conocido como “de tenencia compartida”, se tratará este miércoles 19 en el plenario de Diputados, pero aún no hay certezas acerca de si se aprobará, o no. A este escenario se llegó luego de que Ciudadanos, sector del Partido Colorado (PC), pidiera postergar la votación, el 11 de abril.
La iniciativa, impulsada por el Partido Nacional (PN) y Cabildo Abierto (CA), fue rechazada de manera unánime por el Frente Amplio, y todavía no encuentra una mayoría favorable que garantice la aprobación de la totalidad de legisladores y legisladoras que integran la coalición de gobierno.
El sector Ciudadanos ya había propuesto modificaciones y había expresado su preocupación con respecto al artículo 4 del proyecto, que habilita al juez a mantener el régimen de tenencia compartida y las visitas aun cuando existen medidas cautelares contra un progenitor. Tras la desestimación de las modificaciones en instancias anteriores, el sector del PC continúa disputando la posible modificación, al punto de ser clave en la disputa por la aprobación.
En diálogo con Sala de Redacción, la diputada María Eugenia Roselló expresó días atrás que “desde Ciudadanos siempre dijimos que queríamos dialogar, que estábamos en contra y queríamos hacerle modificaciones. Incluso las presentamos en un proyecto de ley, con modificaciones al proyecto original con media sanción”, apuntó. “No se nos escuchó, no fueron tratadas, así que desde nuestro lugar, [estamos] tranquilos con lo hecho”, afirmó.
Con respecto al pedido de postergar la votación por parte del PN, Roselló agregó que “el fruto principal, fue que se nos venga a plantear esta oportunidad para ver si se puede modificar” el artículo 4 que, a entender del sector, “así como está, no brinda garantías”.
El artículo 4 del proyecto, en su inciso B, establece que, “en el caso de adoptarse medidas cautelares a raíz de una denuncia formulada por parte de un progenitor contra el otro, el juez, manteniendo en todo tiempo las garantías del debido proceso y el principio de inocencia, evaluará bajo su más seria responsabilidad funcional la necesidad o no de modificación del régimen de tenencia y su ejercicio”, y lo suspenderá “en el caso en que se encuentre en riesgo el interés superior del niño o adolescente” de forma “transitoria y sujeta a revisión periódica”.
El literal C del artículo agrega que, “en todo caso, y también en el supuesto de haberse decretado la aplicación de medidas cautelares, deberá respetarse el derecho a las visitas de los niños y adolescentes y del denunciado, toda vez que a juicio del juez sean acordes al interés superior del niño o adolescente, y de considerarse necesario, en las modalidades que garanticen el interés superior de estos”; por ejemplo, en lugares públicos, en presencia de familiares o en reparticiones estatales.
En cuanto a la discusión de las modificaciones, Roselló adelantó que “se inició una etapa de diálogo, de conversar y marcar una hoja de ruta”.
El foco en las infancias
En paralelo a las negociaciones de los partidos de la coalición en Diputados, un grupo de organizaciones sociales se concentraron y marcharon el lunes 10 de abril bajo la consigna “no es tenencia compartida, es encerrar a las infancias con varones violentos”.
La manifestación tuvo lugar sobre las 18:30, cuando un centenar de participantes marcharon desde la Plaza Libertad hasta la explanada del Palacio Legislativo. La convocatoria fue compartida por varios colectivos, como la Coordinadora de Feminismos Uy, la Intersocial Feminista, así como la organización Mujer y Salud en Uruguay, el Encuentro de Feministas Diversas, Dónde Estan Nuestras Gurisas, y Maestras Feministas, entre otras.
Los colectivos convocantes se posicionaron en contra del proyecto considerarlo “una ley patriarcal que defiende los derechos de padres violentos sobre el interés superior” de infancias y adolescencias, decía la convocatoria.
Durante la marcha, que fue encabezada por una pancarta en la que se leía “Ley de tenencia compartida es violencia vicaria”, se realizaron cánticos que relacionaban la ley de tenencia compartida con la “violencia infanticida”, e invitaban a la población a no ser “indiferente” con los abusos a niños, niñas y adolescentes.
Las organizaciones feministas convocaron, finalmente, a ocupar las barras de la Cámara de Diputados este miércoles 19, durante la votación del proyecto.
