Son casi las 11 de la mañana cuando un grupo de aproximadamente 150 personas irrumpe en la plaza 1° de Mayo con banderas, volantes y uniformes. A pocos metros y desde hace una hora, el ministro interino de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Heber, es interpelado por la bancada de senadores del Frente Amplio (FA), lo que ha provocado la movilización del sindicato portuario, que se encuentra acampando desde ayer frente al Palacio Legislativo.
Este grupo de trabajadores visten en su mayoría chalecos y camperas de Montecon, empresa que opera en los muelles públicos y compite principalmente con la empresa belga Katoen Natie en la prestación de servicios portuarios. Este grupo de trabajadores fue comunicado del cierre de Montecon a partir de febrero de 2022, en caso de seguir adelante el acuerdo entre el gobierno uruguayo y la compañía belga que pateó el tablero del puerto de Montevideo.
Nuevo orden
En efecto, la interpelación a Heber se debe al acuerdo que le otorga a Katoen Natie la concesión de la terminal especializada del puerto de Montevideo hasta el año 2081 y que, para sus detractores, constituye una ilegalidad en términos jurídicos con graves consecuencias a futuro. Tal es el caso de los asesores de bancada del FA, Jorge Polgar y Martin Vallcorba, quienes en una nota de La Diaria describieron el contrato como “la constitución de un monopolio privado sin control ni regulación (…) que proteja del abuso de posición dominante y asegure la efectiva rebaja de tarifas a exportadores e importadores”.
Para los dos economistas, el gobierno siguió adelante con un acuerdo sin “ninguna opinión jurídica calificada que lo respalde, ni informes de abogados expertos, ni de los servicios jurídicos de la Administración Nacional de Puertos, del Ministerio de Transporte o de Presidencia”. Por el contrario, señalan que el gobierno se basó únicamente en la opinión favorable de los abogados de la propia Katoen Natie y en “un informe de nueve carillas en hojas A4, sin fecha ni firma, elaborado por el prosecretario de Presidencia [de la República, Rodrigo Ferrés]”.
Desde afuera
Al cabo de unos minutos, banderas de diferentes sindicatos y trabajadores de otros organismos públicos como Ancap y OSE se hacen presentes de manera solidaria con los trabajadores portuarios, quienes se mezclan entre lo que comienza a verse como una multitud. Afuera del Parlamento, una pantalla gigante transmite en vivo el tenso y acalorado debate legislativo, y son varios quienes escuchan con atención las palabras de Charles Carrera, senador del FA a cargo de la interpelación.
Entre el bullicio de las protestas, que se incrementa cada vez que el ministro Heber defiende de forma férrea el acuerdo, Gastón García, directivo del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA), manifestó a Sala de Redacción su preocupación por “la desocupación que va a generar” el contrato firmado con Katoen Natie. Según fundamentó, “al dejar fuera de competencia al resto de las empresas que operan en el puerto [de Montevideo], son afectados de forma directa alrededor de mil trabajadores”.
Al mismo tiempo, García opinó que este cambio afectará la economía del país, porque “los aranceles que de forma arbitraria disponga esta empresa se van a ver trasladados a los precios a los consumidores”. “A nivel de precios, Uruguay depende enormemente de los productos que vienen del exterior, por no ser un país productor. Por lo tanto, lo que se decida con relación al puerto lo vamos a terminar pagando todos los uruguayos”.
Consultado sobre las próximas acciones a tomar por el SUPRA, García señaló que se llevarán a cabo una serie de movilizaciones tanto en la capital como en el interior del país hasta el 22 de febrero, día en que serían despedidos casi mil operarios portuarios. En ese sentido, destacó que el sindicato de Montecon y otras empresas presentaron una acción de amparo contra el acuerdo con Katoen Natie.
Custodiada por José Batlle y Ordóñez, una pantalla gigante instalada por el SUPRA transmite en vivo la interpelación. Fuente: Pablo Traversoni / Sala de Redacción
Debate tenso y extenso
Bajo un fuerte estruendo causado por la pirotecnia, sobre el mediodía se ve llegar a un grupo importante de jóvenes con consignas plasmadas en carteles y banderas; jóvenes que entonan cánticos contra cambios en el bachillerato de secundaria anunciados días atrás por autoridades de la educación. Nucleados en la plaza, llegarán finalmente los trabajadores adheridos al paro parcial convocado por la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado. De esa forma, se constituyó una manifestación de miles de personas con diversos reclamos contra el gobierno.
Pasarán las horas y las distintas organizaciones sindicales se dispersarán. Frente a la pantalla gigante quedan solo los trabajadores portuarios, cuyo futuro se discute con tenacidad en el Senado. Desde el oficialismo, Sebastián Da Silva, senador del Partido Nacional, defiende la prórroga de la concesión como forma de evitar un mal peor: un posible juicio internacional contra el Estado uruguayo. La amenaza de litigio fue planteada anteriormente por Katoen Natie a raíz de presuntas irregularidades en habilitaciones otorgadas a Montecon durante el gobierno del FA. Además, subraya el compromiso asumido por la empresa belga de invertir más de 400 millones de dólares en el puerto.
El ministro Heber, por su parte, defiende el acuerdo desde un punto de vista económico y hace hincapié en la necesidad de ampliar la infraestructura portuaria, cuya falta “ha provocado que entre enero y julio tuviéramos 117 barcos en espera”, lo que significó “pérdidas diarias de entre 15 y 40 mil dólares”. “No tenemos la logística adecuada. El puerto es ineficiente para atender la carga que ya hay e incapaz de competir contra otros puertos en función de su infraestructura, por eso la necesidad de hacer algo”, dice Heber a través de la pantalla gigante ubicada en plaza 1° de Mayo.
Poco después, Carrera lo acusa de actuar con dolo por la ausencia de informes jurídicos y económicos antes de la firma del acuerdo, lo que provoca el enfado de Heber, quien le exige al miembro interpelante que pida un cuarto intermedio para que transforme semejante acusación en una denuncia ante el juzgado correspondiente.
En contraataque, Da Silva cuestiona “fraudulentos negocios” en épocas frenteamplistas y acusa a la actual oposición de hipócrita por realizar la interpelación parlamentaria. Venezuela, Ancap, “falta de transparencia”, son algunos de los conceptos traídos a la discusión del futuro del puerto de Montevideo. Horas más tarde, el senador del FA Óscar Andrade y la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, se cruzan en una fuerte discusión por “faltas de respeto” y alusiones que violan el reglamento interno de la cámara legislativa. Más senadores intervienen a favor de una y otra parte.
Cae el sol y los trabajadores del sindicato portuario miran con desazón el avance de la interpelación. Algunos se agarran la cabeza y otros optan por darse media vuelta y volver a las carpas instaladas en la plaza, en medio de una incertidumbre conocida cada vez por más uruguayos, pero a la que otros tantos, sin embargo, permanecen -y continuarán- ajenos.
