¿Cómo ocurre el lavado de activos?, ¿en qué lugares puede verse?, ¿para qué se monta toda esa ingeniería? Cuando la subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Antoinette Sayeh, estuvo en Uruguay, lo calificó como un país con instituciones fuertes, buena cohesión social y redes de seguridad social potentes. No obstante, muchos habrán escuchado hablar del “Lava Jato”, la investigación anticorrupción más importante de Brasil, que comenzó como un caso común de lavado de activos y terminó destapando la participación de varios países latinoamericanos y africanos, entre ellos, la de Uruguay.
El lavado de activos es el proceso mediante el cual bienes de origen delictivo o ilícito se suman al sistema económico legal y simulan haber sido conseguidos de forma lícita mientras ocultan su procedencia. Por lo tanto, la segunda actividad que se realice con ese dinero no es ilegal en sí misma, pero se convierte en delito por el origen de dichos fondos. El delito anterior nunca es aislado, es decir, tiene que estar en la lista que la Ley N°19.574 denomina como actividades precedentes del lavado. Estas pueden ser el narcotráfico, el tráfico ilícito de armas, los secuestros, la extorsión, los homicidios, la pornografía infantil y los delitos contra la administración pública.
Como no es un recorrido fácil de detectar, es necesario un sistema preventivo-represivo. Con ese ímpetu, hace años que los estándares internacionales denominaron “sujetos obligados” a actores de la sociedad que por el movimiento que frecuentan pueden ser utilizados por lavadores. En esa línea, el Estado los obliga a realizar un seguimiento a sus clientes y a notificar si observan algo sospechoso. Por otro lado, el sistema represivo (acción policial), al no recibir denuncias o demandas de posibles casos, se maneja con la información que le brinda el sistema preventivo y la labor de inteligencia.
Aun así, afrontarlo exige que pueda funcionar de manera efectiva una coordinación interinstitucional para articular ambos sistemas, de la que se encarga la Secretaria Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft). Además, por la forma en la que opera el crimen organizado en la actualidad, es considerado un delito trasnacional y, por tanto, la cooperación internacional es indispensable. Para ello, existe el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que tiene como objetivo fijar estándares y promover la eficaz incorporación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatirlo, mediante la aplicación de “cuarenta recomendaciones”. Asimismo, está el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), ente intergubernamental que al estar asociado al GAFI se adhiere a las recomendaciones y participa de su elaboración, revisión y modificación.
La delgada línea
Gabriel Pereyra y Alejandro Ferreiro son periodistas y crearon la colección Espejo, proyecto que nació por la falta de libros escritos por especialistas. En la segunda presentación del libro “Vendedores de cuchillos: El lavado de activos en Uruguay”, en la sala de conferencias Luisa Cuesta de la Facultad de Ciencias Sociales (FCS), Ferreiro dijo que “la intención es que el lector no solamente participe, sino que entienda”.
La jornada, que fue organizada por el Grupo de Investigación Juventudes, Violencias y Criminalidad en América Latina, contó con la participación de Daniel Espinosa Teibo y Gabriel Tenenbaum Ewing, autores del libro, Alejandro Montesdeoca, consultor internacional, Laura Rodríguez, periodista uruguaya, y Ferreiro como editor. El tercero de sus autores, Ricardo Gil Iribarne, no pudo estar presente.
Montesdeoca trabajaba en el gobierno de Jorge Batlle cuando se comenzó a hablar de lavado de activos en Uruguay y en ese momento pasó a ser secretario antilavado. Posteriormente se fue del país y ejerció como secretario para Gafilat. En los últimos años se ha dedicado a hacer consultorías en todo el mundo y con ese porte estuvo en esta segunda presentación. Se refirió al libro como “una novela” porque “es técnico pero de una lectura fácil”.
Para el especialista, la parte más jugosa es cuando se describen los casos, porque remarca lo ocurrido en los últimos 30 años en Uruguay e ilustra la problemática que enfrenta el país sobre este asunto que “está bastante lejos de lo que habitualmente se suele pensar”. Si bien hace dos décadas que el consultor no reside acá, siempre que regresa le llama la atención “la placidez conmovedora de la sociedad uruguaya y la autocomplacencia conmovedora”. Aseguró que anteriormente había países cercanos al nuestro que gozaban de estabilidad social y no tenían grandes problemas de delincuencia. Sin embargo, últimamente fueron ocupados por organizaciones delictivas, “como el caso de Ecuador”, explicó, país que se ubica a la altura de Venezuela y Honduras en materia de violencia.
Por esta razón, le parece extraño que al escuchar hablar a actores relevantes dentro del ámbito político o social dé la impresión de que “estuviéramos protegidos por una especie de burbuja que lo pone a resguardo de todos los males del mundo”. De igual forma, reconoció que vivimos en un país que desde el punto de vista político, económico y social “es bastante privilegiado con relación a los otros países de la región”, pero eso no quiere decir que esté a salvo, porque al ser un país “pequeño” tiene “un sistema económico susceptible de recibir capitales internacionales” y muchos de ellos “tienen su origen en actividades delictivas que son realizadas en forma empresarial y multinacional”, sostuvo.
Según Montesdeoca, cuando se reúne con agentes públicos de diferentes regiones del mundo se “desviven” por transmitir la imagen de que a las autoridades y a los funcionarios les interesa la prevención y la lucha contra el lavado de activos, por lo cual están dispuestos a adoptar medidas e implementar acciones. Sin embargo, cuando se reunía en Uruguay, los funcionarios públicos decían que “no era un tema importante” ya que no somos atractivos para realizar la actividad. Esa diferencia refleja “la escasa asignación de recursos que se le otorga a los organismos de control”, lo que en un futuro “lo puede transformar en Ecuador”, región que registra los niveles más altos de crimen, inseguridad y delincuencia del continente.
La periodista Laura Rodríguez dijo que el libro la llevó a plantearse “muchas cosas” porque se ven casos en los que los nombres de los protagonistas se repiten y, a su vez, son de “personas conocidas”, que tienen poder y que “hoy en día los vemos dirigiendo sus estudios”, sin cumplir condena y aparentando ser “grandes señores”. Por lo tanto, afirmó que “en los últimos 20 años convivimos con lavadores”. Refiriéndose al sistema democrático, planteó la pregunta: “¿Cómo la gente puede creer en la democracia, en los partidos políticos, en un sistema fuerte, si hay un Estado que permite que grandes estudios jurídicos, por ejemplo, sigan operando como si nada?”. Para Rodríguez, se sabe lo que está pasando y no sólo no se hace nada para solucionarlo, sino que se dan facilidades para realizarlo. Además, manifestó ser parte del sistema y que la prensa “está en riesgo de no poder trabajar libremente”.
El libro también narra historias de deudores y prestamistas de gran poder. En Uruguay, se llegó a detectar la operación de dos enormes prestamistas brasileños que operaban desde esta ubicación al mundo y movieron unos 1.600 millones de dólares en lavado de activos. Cuando se recordó este caso, el autor del libro y profesor de la Facultad de Ciencias Sociales, Gabriel Tenenbaum, comparó la cifra con la cantidad de dinero que se necesitaría para bajar la pobreza infantil. “Con 180 millones de dólares anuales se puede bajar”, dijo, por lo que es “un tema sumamente sociológico” y que da para pensar “más allá del lavado en sí”.
Durante la presentación, Daniel Espinosa, otro de los autores, quien también quien supo estar al frente del Centro de Capacitación para la Prevención del Lavado de Activos y de la Senaclaft, reflexionó sobre los 72 millones de dólares en contrabando que se detectaron entre 2019-2022, por los que no hay ninguna persona procesada. Sostuvo que la falta de trabajo coordinado es el gran problema que tiene Uruguay para resolver casos porque a partir del año 2004 se dio la evolución normativa e institucional y se crearon unidades especializadas en la Justicia, pero aun así “nunca llegamos al grado de eficiencia necesaria”.
