Los ecos de las elecciones nacionales del 28 de julio en Venezuela siguen retumbando. Bajo un clima de gran efervescencia social, Nicolas Maduro se declaró victorioso con un 51,20% de los votos frente a Edmundo González, candidato opositor, que recibió un 44,20%, según datos del Consejo Nacional Electoral (CNE). Sin embargo, la oposición rechazó las cifras y aseguró que González había ganado con el 70% de los votos de acuerdo con las actas electorales que recabaron.
Los resultados provocaron una serie de protestas espontáneas que iniciaron el 29 de julio a nivel nacional y reclamaban por un supuesto fraude electoral. Desde entonces, existe un número indeterminado de heridos por las fuerzas del Estado y la Misión Internacional de las Naciones Unidas ha denunciado violencia contra manifestantes. Hasta la fecha, según Human Rights Watch, se han reportado 24 personas fallecidas y la ONG Foro Penal denuncia más de 1700 detenidos.
Pedro Díaz, director de Juventud para la Alcaldía de San Carlos, ciudad venezolana del estado de Cojedes, sirvió en las elecciones para un centro electoral de “tendencia política opositora al gobierno de Maduro”. Según contó a Sala de Redacción (SdR) “ese día fue excepcional porque la gente se quedó en el centro de votación con la intención de conocer los resultados, defender el voto y apoyar a cada uno de los miembros y testigos que eran parte de este proceso”. Además, Díaz oficia de presidente parroquial del partido de orientación política de centroderecha Primero Justicia.
El politólogo uruguayo Omar Fuentes dijo en diálogo con SdR que efectivamente se trató de un fraude que se dio desde las instancias previas a las elecciones. Candidatos vedados, ciudadanos en el extranjero que no pudieron acreditarse para poder ejercer su derecho al voto, el movimiento estratégico de mesas de votación para generar dificultades al acceso y el abuso de posición dominante del gobierno que utilizó los recursos del Estado a su favor fueron algunas de los elementos condicionantes para ”unas elecciones con pocas condiciones democráticas”.
De la euforia a la desilusión
La euforia y alegría eran muy grandes en el centro electoral en el que sirvió Díaz hasta el momento en que se emitieron los resultados. “Todos los que estuvimos presentes sabemos lo que pasó, sabemos el resultado real”, sentenció. Según el director de la Juventud la oposición “está más unida que nunca” y todos trabajan “en base al liderazgo que generó María Corina Machado en las [elecciones] primarias del año pasado”.
El 22 de octubre de 2023 se realizaron las elecciones primarias de la Plataforma Unitaria Democrática, la alianza política opositora, donde resultó ganadora, con el 90% de los votos, María Corina Machado. Cinco días después el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela anunció que suspendió los efectos de las primarias opositoras y le impidió a Corina Machado inscribirse como candidata presidencial.
Solo 41,5% del padrón electoral, lo que equivale a alrededor de nueve millones de personas, votó en las elecciones. “Hay un aproximado de ocho millones de venezolanos que están fuera del país debido a la crisis política, económica y social”, explicó Díaz. De esos ocho millones, 5.500.000 estaban habilitados para votar. Sin embargo, solo 69.211 electores pudieron inscribirse o actualizar sus datos en embajadas del exterior. “La ley estipula que si tú te vas del país debes cumplir con ciertos requisitos para poder hacer el cambio de residencia”, aclaró. El militante criticó “la falta de apertura y la dilatación del Consejo Nacional Electoral para realizar este trámite en las embajadas” y argumentó que “buscaron entorpecer el proceso con todas las trabas posibles”.
Consultado ante la posibilidad de la intervención de un organismo internacional como forma de resolver la situación del país, el presidente parroquial contestó que “se puede solucionar de otras maneras” y que “hay más éxitos de transiciones de dictadura a democracia por negociación y/o presión social que por intervención o golpes de Estado”. Cree, como demócrata, que “se deben utilizar las herramientas que les permite la Constitución” y no está dispuesto a que “se derrame sangre” de sus “hermanos”. La solución “debe pasar por una negociación amplia donde se respeten los derechos fundamentales, políticos y sociales, y que, como toda negociación, tiene que venir acompañada de concesiones políticas”.
El eco llegó a Uruguay
Tanto el domingo 28 de julio como el 4 de agosto se produjeron en la Plaza Independencia de Montevideo manifestaciones espontáneas de venezolanos residentes en Uruguay en contra de los resultados oficiales de las elecciones en el país caribeño. Desde la tardecita se pudieron ver banderas de Venezuela en la espalda de los manifestantes, que bailaron al son de la música que se proyectó en los parlantes llevados por los presentes..
Desde el oficialismo, el senador nacionalista Javier García dijo a canal 4 al otro día de las elecciones que la victoria de Nicolás Maduro “fue un robo astronómico” y agregó que “todo el mundo ayer fue testigo del enorme triunfo de la democracia”. Además, argumentó que “el fraude busca que la dictadura perviva”. A su vez, consideró que Maduro “es un criminal” y debe responder por las “muertes y torturas” en ese país.
Sobre lo último, Fuentes dijo que “para que alguien sea criminal tiene que pasar un proceso, una denuncia y tener una resolución”. Sin embargo, el politólogo entiende que se lo califique como tal “porque al ser alguien que está ejerciendo el poder de facto no va a tener un juicio dentro de Venezuela” pero es distinto “robarse una elección a ser un criminal”. De todos modos, reconoce que Maduro “tiene acusaciones de crímenes de lesa humanidad que están siendo investigadas”.
Desde 2008 en la Comisión Internacional de La Haya, que depende de la Naciones Unidas, se trata un planteo de seis países contra Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad y la propuesta del senador García es denunciar en la Corte Penal Internacional a Nicolás Maduro “por crímenes de lesa humanidad y que Uruguay se sume con estos nuevos crímenes a los seis países denunciantes”.
Por su parte, el canciller Omar Paganini se reunió el 14 de agosto con la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado y fue consultado por Canal 5 por la propuesta de García, a la que se refirió como “válida” y “sólida” y que será estudiada por la Dirección de Asuntos Jurídicos de Cancillería “para tomar una decisión”. Además, calificó la situación en Venezuela como “muy dramática” porque el régimen de Nicolás Maduro decidió “reprimir a la población que se manifiesta pacíficamente para no perder la esperanza de que Venezuela retorne al camino de la democracia”.
Cuestionado por los efectos de una denuncia ante la Corte Penal Internacional, Fuentes explicó que es al organismo al que se recurre cuando se quiere “acusar a personas de violaciones de derechos humanos” y que también existe la Corte Interamericana de Justicia que “hace muchos años tienen informes contra la situación de derechos humanos dentro de Venezuela”. Además, aclaró que la intervención es una medida extrema que suele ser la última opción después de un montón de situaciones donde no se pudo resolver [el problema] por la vía diplomática”. También sostuvo que en general “todos los actores son muy reacios a llegar a esa decisión” por los costos que implica y porque supone “ejercer violencia sobre una población que ya está siendo vulnerada de distintas formas”. Por estos motivos, el politólogo ve la posibilidad como “algo lejano pero que siempre está sobre la mesa”.
