El gobierno se propone cambiar la normativa vigente sobre medios de comunicación audiovisual en Uruguay. Algunos de los cambios propuestos son la eliminación de la propaganda electoral gratuita, el aumento de la cantidad de las licencias de frecuencias que puede concentrar una persona o grupo económico y la habilitación a que nuevos actores entren al mercado de las telecomunicaciones. El proyecto de nueva ley de medios ingresó al Parlamento el 23 de abril, junto con la Ley de Urgente Consideración, e implica la derogación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA), Nº 19.307, de 2014. Además, en caso de aprobarse, la normativa que regula a los medios audiovisuales pasaría de tener 202 artículos a 86.
La actual LSCA establece como tope tres autorizaciones por persona física o jurídica para brindar servicios en radio y televisión abierta. La ley que propone el gobierno plantea elevar el máximo a ocho autorizaciones. Gustavo Gómez, experto en libertad de expresión y regulación de medios, telecomunicaciones e Internet, dijo a Sala de Redacción que de aprobarse esta ley, se generarían varios problemas. En primer lugar, mencionó que el texto propuesto por el gobierno habilita “como nunca en la historia de este país” una concentración de medios de comunicación en manos de muy pocas personas. Esto implicaría que la sociedad entera dependa de lo que “estos dueños decidan qué es lo que se puede escuchar” en los medios abiertos como la radio y la televisión.
Gómez, que fue director Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel) entre 2010 y 2011 y uno de los principales redactores de la LSCA, enfatizó que “la falta de pluralismo en los sistemas de comunicación es una de las condiciones básicas que establecen la Unesco y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que exista una verdadera libertad de expresión en un país. Por tanto, a mayor concentración, menor democracia”.
“Retroceso”
El artículo 47 del proyecto de ley limita el derecho de acceso a los medidos por parte de las personas con discapacidad auditiva y visual.
La actual LSCA es más amplia al respecto y establece que los medios de comunicación deben emitir contenidos de interés general en forma accesible y no solo nombra a los informativos, sino también a contenidos educativos, culturales y acontecimientos relevantes. Al respecto, Gómez consideró que hay un “retroceso”, ya que, al igual que el resto de los ciudadanos, estas personas “tienen derecho no solo a acceder al informativo, sino también a otros programas de interés general”.
Según señaló Gómez, una primera versión del proyecto de ley de medios del actual gobierno planteaba la disminución de las cuotas de producción audiovisual nacional a las que están obligadas las señales de radio y televisión. Sin embargo, ese cambio se concretó a medias en la versión del articulado que ingresó al Parlamento, ya que conserva las cuotas de pantalla de la LSCA pero únicamente para la capital y la zona metropolitana. “Que esto se mantenga en legislación es un aspecto positivo”, destacó el especialista, aunque lamentó que se proponga que dicha obligación ya no rija para los medios del interior.
