Manifestantes de asociaciones vecinales y colectivos proambientalistas se reunieron en la Intendencia de Montevideo para protestar en contra de las obras del tren para UPM el 5 de junio. Allí dieron a conocer la iniciativa de los habitantes del Municipio C para recolectar firmas que se opondrán a este proyecto.

El tren de carga es uno de las condiciones innegociables que la empresa finlandesa UPM estipula en su contrato para llevar a cabo la instalación de su segunda procesadora de celulosa en nuestro país. Este ferrocarril será de uso prioritario de la empresa y tendrá como finalidad la transportación de químicos y materias primas.

Las obras requieren de una inversión de 880 millones de dólares que provendrá exclusivamente de nuestro Estado, pero que cuenta con el apoyo económico del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), organismos encargados de la financiación de la mitad requerida para iniciar la construcción.

El proyecto ya comenzó a finales de mayo, tras la colocación de la piedra fundamental en Paso de los Toros.

El contrato ROU-UPM exige un tren que tenga salida rápida por el Río de la Plata, si conseguimos frenar el tren a través de este tipo de iniciativas legislativas, UPM no firmará el contrato. No es que simplemente nos oponemos al tren y estamos de acuerdo con la pastera, sino que, evitando la construcción del tren central, el resto no sucederá”, argumentó Inés Enríquez Sarano, integrante del colectivo de vecinos y organizaciones “NO AL TREN DE UPM”, durante la protesta.

Por su parte, Enríquez hizo hincapié en que el municipio C no es el único en oponerse al Tren y profundizó en las intenciones de su colectivo. Esta iniciativa también se está llevando a cabo en el departamento de Florida, en Santa Bernardina, Sarandí Grande, Durazno y próximamente se iniciará en el municipio G en La Paz, Canelones y Las Piedras. “Nosotros no tenemos únicamente como objetivo cambiar el trazado de la vía, sino que nuestro objetivo fundamental es que mucha gente en este mismo momento se entere de que este tren no es un tren de carga, no es un tren para la gente, es un tren de uso exclusivo para UPM, que lo vamos a pagar todos y lo vamos a pagar muy caro”, sostuvo la activista. Y agregó que “mucha gente recién se está enterando de esta situación, nuestra iniciativa y esfuerzo lo hace posible. Nos pasa muchas veces que cuando recorremos los barrios y conocemos a la gente que vive al borde de la vía notamos que confían ciegamente en el ministro y piensan que se van a beneficiar económicamente”. Se refiere a las declaraciones del ministro de transporte y obras públicas Víctor Rossi durante la firma del contrato del gobierno con el consorcio Grupo Vía Central para la reconstrucción del ferrocarril que utilizará UPM.

Según informó El País el 10 de mayo pasado, Rossi sostuvo que este proyecto va a permitir que “el ferrocarril vuelva a ser un medio de transporte al alcance y al servicio de la producción nacional”, a pesar de que el contrato ROU-UPM deja en claro que la empresa finlandesa contará con acceso no restringido (las 24 horas del día, los 365 días del año) a la Vía Férrea a partir de la fecha de finalización del proyecto de la Planta de Celulosa. Además de que ni UPM ni el Operador Ferroviario de UPM estarán obligados a proporcionar garantías de volumen mínimo o slots mínimos a ROU con respecto al uso de la infraestructura ferroviaria, es decir que, si UPM lo requiere, el acceso a las vías del tren para otros motivos que no sean el traslado de los químicos y de la pasta de celulosa para exportación, será prácticamente inexistente.

Por otro lado, la Asociación de Ferrocarriles del Estado (AFE) comunicó a sus usuarios que el servicio de pasajeros en área metropolitana se suspenderá a partir del sábado 15 de junio, debido al comienzo de las obras del Ferrocarril Central.

La reunión de colectivos contra UPM

Luego de la manifestación en la explanada de la Intendencia, se convocó a una reunión a la que asistieron representantes de sociedades y colectivos de trabajadores y proambientalistas que se oponen al proyecto de UPM. La reunión se concretó el sábado 8 de junio a la mañana en FUCVAM (Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua). Participaron alrededor de setenta personas y se planteó como la primera coordinación de varias que se realizarán en los próximos meses.

La Comisión por un Canelones Libre de Soja Transgénica y en Defensa del Agua, el histórico Colectivo Sauce, la Asamblea por el Agua del río Santa Lucía, la Coordinadora contra Monsanto y el Agronegocio, varios ciudadanos provenientes de Sarandí Grande, ciudad de Florida (donde se realizó el 4 de mayo una contraudiencia en oposición a UPM a la cual fueron invitados todos los partidos políticos, el poder ejecutivo y el PIT-CNT entre otros), el colectivo NO AL TREN UPM, la Comisión por la Tierra y el Agua constituida por estudiante del IPA y la recién formada Alianza Uruguaya por los derechos de la Madre Tierra fueron algunas de las asociaciones que estuvieron presentes.

La razón central de esta junta fue coordinar un acto que una a todos los movimientos en la lucha contra UPM2 para lograr un alcance masivo, ya que cada colectivo concentraba sus esfuerzos en un aspecto particular del proyecto, pero no estaban articulando fuerzas a pesar de oponerse a lo mismo. Así que optaron por generar una unidad, respetando la diversidad.

Uno de los primeros informes que surgió fue la organización de una comitiva con destino a Finlandia con la finalidad de informar al parlamento finlandés y a los sindicatos del país sobre la situación que se está viviendo en Uruguay y se aclaró que ya se estableció contacto con asociaciones ambientalistas finlandesas.

Pero el planteamiento que sumó más interés fue la realización de una movilización masiva. Algunos propusieron una acampada en la Plaza Independencia, otros un acto en la explanada de la Intendencia de Montevideo y varios prefirieron concentrarse frente al consulado finlandés, edificio que, convenientemente, se encuentra a sólo cuatro cuadras de la plaza seleccionada para llevar a cabo la acampada. Como no quisieron quedarse con una sola opción, optaron por combinar las tres.

Se marcó una fecha tentativa para el 28 de junio y se confirmó una segunda reunión el próximo sábado, en donde se coordinarán los pasos a seguir para que la movilización pueda darse sin problemas.

Mientras tanto cada colectivo seguirá con sus actividades descentralizadas realizándose semanalmente.

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